El trabajo forma parte de un plan diseñado por especialistas del CONICET y del Ministerio de Ambiente de la Nación. Advierten que sólo el 7 por ciento del territorio que habitan está protegido.
Un estudio del que participaron especialistas del CONICET evaluó cuáles son las áreas prioritarias para la conservación de los primates de Argentina. El trabajo, que fue realizado en el marco de un plan integral diseñado junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, revela que sólo el 7 por ciento del territorio que habitan las cinco especies que se encuentran en el país está protegido.
Los resultados de esta investigación, que fue publicada recientemente en la revista científica de acceso abierto Diversity, serán fundamentales para el diseño de políticas públicas de protección destinadas a cada una de las especies de primates para que puedan seguir cumpliendo su rol ecológico en ambientes naturales saludables en toda su área de distribución.
El equipo advierte sobre la necesidad de atender especialmente los casos de las provincias de Chaco y Formosa, donde se encuentra la menor cantidad de áreas protegidas y se registran altos índices de deforestación.
Este trabajo representa el cumplimiento de uno de los primeros objetivos del Plan Nacional de Conservación de Primates de la Argentina, que fue aprobado el año pasado a través de la Resolución 430/2021 y que establece una serie de medidas que apuntan a reducir el impacto de las amenazas sobre las especies que habitan en el país.
El proyecto empezó a gestarse en 2019 en Corrientes durante un taller del que participaron equipos del CONICET y del Ministerio de Ambiente de la Nación, además de representantes de otros organismos estatales y ONGs.
En distintas ecorregiones de Argentina habitan cinco especies de primates no humanos y todas se encuentran bajo alguna categoría de amenaza a nivel nacional, con poblaciones locales en declive. El mono aullador rojo (Alouatta guariba clamitans) es el más comprometido y se considera en peligro crítico, mientras que el carayá (Alouatta caraya), el mirikiná (Aotus azarae), el caí negro (Sapajus nigritus) y el caí de las yungas (Sapajus cay), se encuentran en estado vulnerable.
En este estudio, se utilizaron modelos de distribución de especies para estimar cuáles son las áreas que ocupa cada una. Además, se empleó un software para el análisis de la priorización espacial para la conservación basado en la calidad del hábitat y la conectividad, para identificar posibles áreas de importancia a nivel nacional y ecorregional para los primates.
“Hay distintas maneras de determinar áreas prioritarias. En este caso, como se trata de una superficie muy grande, elegimos un enfoque multidisciplinario, que combinó el conocimiento de especialistas en primates, en modelado de especies y en sistemas de información geográfica”, explicó Ilaria Agostini, investigadora del CONICET y primera autora del artículo.
Para este trabajo se combinaron distintos modelos con información del valor ecológico para cada especie, se realizaron análisis de priorización espacial que tienen en cuenta la conectividad y se introdujo información de la huella humana -una variable que mide la densidad de las poblacional humana, la infraestructura vial, la cercanía a cultivos y otros aspectos- como posible costo adicional para la conservación.
Los resultados revelaron que sólo el 7,2 por ciento de la superficie habitada por primates en Argentina está bajo protección, lo que representa menos de 20 mil kilómetros cuadrados. De acuerdo a los análisis, algunas de las zonas prioritarias de conservación se encuentran en el Bosque Atlántico de la provincia de Misiones, la parte húmeda del este de las provincias de Chaco y Formosa y porciones de las Yungas.
En las conclusiones del trabajo, los especialistas advierten que las áreas prioritarias de las provincias de Chaco y Formosa son especialmente relevantes debido a la escasez de áreas protegidas y a la elevada tasa de deforestación.
“La idea es que las áreas prioritarias que proponemos en el trabajo sean consideradas en un proceso participativo amplio, que incluya a todas las partes interesadas, como los gobiernos provinciales y las comunidades que habitan esos territorios, para que las políticas que se implementen tengan el consenso y el apoyo necesario para su cumplimiento”, agregó Agostini.
Fuente y foto: Prensa CONICET
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